Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Solicitud de tasación de costas. Recurso de revisión contra decreto que declaró la caducidad de la acción. Se estima.
Resumen: El hecho imponible no queda suspendido durante las limitaciones producidas por el estado de alarma, ni tampoco el devengo de la tasa que depende de una autorización y no de la obtención de ingresos. En consecuencia, no se vulnera el principio constitucional de capacidad económica invocado.
Resumen: Extranjero solicitante de ingreso mínimo vital, con vigencia prorrogada del permiso de residencia, en virtud de la normativa en la materia durante el estado de alarma, impugna la resolución denegatoria de la prestación asistencial interesada el 19/06/20, por no acreditar la residencia legal en nuestro país con al menos un año de antelación. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, rechaza una revisión fáctica, acepta otra, y, confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, cuestionándose en el recurso únicamente el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad económica, cuya inobservancia se alegó por vez primera en el acto del juicio, dicha actuación procesal, originó indefensión al demandante, por cuanto, en ese momento procesal carecía de la posibilidad de cumplir la carga probatoria que le incumbía de acreditar su situación económica, extremo que, por lo demás, el INSS pudo haber comprobado cruzando datos con los correspondientes organismos oficiales, o requiriéndole para subsanar su solicitud, aportando la documentación que hubiera considerado pertinente a tal fin, siendo además verosímil la carencia de rentas por la situación de crisis existente durante la pandemia.
Resumen: Vulneración derechos fundamentales a la vida e integridad física. Incumplimiento obligaciones en materia prevención. Falta de contradicción.
Resumen: El tribunal dispuso de suficiente prueba de cargo, válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada, por lo que no resultó conculcada la presunción de inocencia. De los informes médicos en los que se apoya el motivo de error facti no se deduce error en la valoración probatoria del tribunal de instancia, que no llegó a conclusiones divergentes de las de tales informes. El inamovible relato de hechos probados se incardina adecuadamente en el tipo apreciado, habida cuenta de que la orden recibida era taxativa, precisa, clara, inteligible y concreta y fue dirigida al recurrente de forma directa, singular e inmediata; concurre la gravedad de la desobediencia, ya que los hechos fueron conocidos por personal de la unidad, produjeron un grave quebranto en la disciplina y atentaron contra el buen régimen de la misma, repercutiendo en un tercero, que tuvo que realizar la labor que el recurrente se negó a cumplir; concurrió, asimismo, el dolo exigido por el tipo, ya que, por su formación, cualificación y condición profesional, no cabe entender que el capitán recurrente actuase en la creencia de obrar correctamente cuando omitió cumplir la orden recibida. El tribunal sentenciador valoró adecuadamente las circunstancias concurrentes, lo que determinó la imposición de la pena en su grado mínimo, por lo que la falta de una extensa motivación no es determinante de la vulneración de los principios de proporcionalidad e individualización de la pena.
Resumen: Recurre el trabajador el desfavoraple pronunciamiento de instancia desestimatorio de su pretensión de despido bajo un primer motivo de nulidad (de actuaciones) que la Sala rechaza pues la inadmisión de prueba documental a que se refiere no le ha producido indefensión al constar acreditada la falta de ocupación efectiva o de prestación de servicios que pretendía demostrar con la misma. Tras rechazar su principal petición (de despido nulo) al no haberse producido la alegada vulneración de DDFF que se pretende vincular a una supuesta infracción de la garantía de indemnidad, considera la Sala su improcedencia al no concurrir la causa (disciplinaria) que la empresa asocia al hecho de haber realizado actos preparatorios para la puesta en marcha de una sociedad competidora con la misma. Actos preparatorios que no se consideran probados. Partiendo de que no existe una genérica prohibición legal para desempeñar otro trabajo durante la suspensión del contrato con la empresa, se advierte que la actividad desarrollada por la recurrente durante el ERTE no supuso concurrencia ni competencia desleal en la medida que no ejerció una actividad negocial autónoma en perjuicio de los intereses de su empleador (que había abandonado el local y el establecimiento sin abrir otro en la ciudad); sin que el hecho de no haber comunicado esta actividad constituya un incumplimiento grave y culpable con entidad suficiente para justificar el despido.
